“Voces por el Apruebo”: cinco ejes para abordar el Derecho a la Comunicación

El espacio articulado por el Bloque por el Derecho a la Comunicación expuso en cinco conversatorios los principales problemas y deficiencias  que tiene el actual sistema medial  chileno, como también algunas propuestas para  subsanarlas mediante una nueva regulación amparada en el Derecho a la Comunicación. 

Por Ignacio Muñoz

En las semanas previas al Plebiscito del 25 de octubre, las y los representantes del Bloque por el Derecho a la Comunicación participaron en “Voces por el Apruebo”, un programa cuyo objetivo fue revisar el estado del arte, discutir y aportar nuevas ideas al debate en torno a la importancia de consagrar el Derecho a la Comunicación en la próxima Constitución del país.

A continuación, entregamos un resumen temático rescatando las cinco sugerencias más relevantes desprendidas de los diálogos que se generaron en  el programa “Voces por el Apruebo”  y  que debieran considerarse al momento de reflexionar y posicionar este debate:

Derecho a la Comunicación para Chile

Es la comprensión más amplia establecida por el sistema internacional de Derechos Humanos sobre garantías asociadas a la comunicación como la libertad de expresión, de prensa y acceso a la información. El Derecho a la Comunicación es para todas las personas, e implica poder buscar y recibir información plural, difundirla por cualquier medio de expresión sin discriminaciones ni sujeción a limitaciones económicas, ideológicas o culturales. Por lo tanto,  el Estado debe garantizar el Derecho a la Comunicación para asegurar un entorno mediático libre, plural e independiente.

Más  pluralismo

El diagnóstico hacia los medios de comunicación da cuenta de que existe una carencia de pluralismo en los contenidos ofrecidos por los grandes medios hegemónicos, lo cual podría mejorar incorporando un nuevo marco legal que incluya, por ejemplo, una Ley de Medios. Hay una escasez de medios comunitarios, regionales, o con pertinencia cultural para pueblos originarios, monopolizando así los contenidos informativos, lo que  provoca que se exponga una sola versión de la realidad y del país, menoscabando a  grupos que cuentan con una rica diversidad cultural y social. 

Regulación en la concentración de la propiedad de los medios de comunicación

Chile no cuenta con una regulación que limite la concentración de la propiedad de los medios, aún cuando nuestro país es uno de los que lidera el ranking de concentración en América Latina. De acuerdo a un informe realizado en 2015 por el periodista Luis Breull, en la prensa existe un duopolio manejado por el Grupo Edwards (El Mercurio) y Copesa (La Tercera), que concentran un 80% del universo de lectores. Por otro lado, en el mismo estudio, se señala que los cuatro principales operadores de la TV abierta concentran el 91% de la audiencia total.  El mercado de los medios de comunicación en Chile está completamente liberalizado, pero la competencia es desigual y solo favorece a los grandes grupos económicos (Mastrini y Becerra, 2011). La conclusión a partir de esto, es que se necesita  imperiosamente contar con un sistema donde coexistan los tres sectores de las comunicaciones en igualdad de condiciones: públicos, privados y comunitarios, sin que primen  en este intento los intereses económicos o particulares. 

Medios de comunicación como promotor de los Derechos Humanos y con enfoque de género

Es relevante comenzar a entender y establecer la importancia de la interseccionalidad como enfoque para el trabajo en los medios de comunicación. Se debe avanzar en visibilizar las diversidades en su espectro más amplio: mujeres con discapacidad, mujeres lesbianas, trans, mujeres indígenas, población migrante, mujeres trabajadoras sexuales; rescatando su real dimensión y contexto. Este año, el Consejo Nacional de Televisión realizó un estudio tomando como muestra dos semanas de la programación de cuatro matinales de la televisión chilena. Uno de los resultados reveló que la presencia de mujeres en paneles fue de un 26,6%, frente a un 73,4% de hombres. Del mismo modo, no hay una línea editorial que privilegie incorporar la perspectiva de género o el enfoque en  Derechos Humanos en el ejercicio periodístico. El periodismo debe respetar los derechos de las mujeres, avanzar por medios no sexistas y  no reproducir la violencia simbólica. Los medios tienen la obligación de incorporar una mirada ética y  ajustada al respeto por los Derechos Humanos. 

Tecnologías digitales. Internet  abierto,  libre y seguro

Según datos de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, el 87,4% de los hogares chilenos declaró, en 2017, tener acceso a Internet, una cifra de conectividad superior al del promedio de Latinoamérica. Sin embargo, detrás de este promedio al parecer se esconden múltiples brechas tecnológicas, geográficas, etáreas y de género que estos meses de confinamiento tras las pantallas (producto de la pandemia) se han encargado de visibilizar dramáticamente. Muchas de estas desigualdades pasan, en parte, por el modelo económico que hay detrás del abastecimiento y provisión de estas tecnologías.  Dado el desarrollo de las tecnologías que deja fuera a gran parte de la población, es que el Estado debe garantizar el derecho a un acceso a Internet como servicio público y  bien común.

El Bloque pone a disposición los cinco capítulos de “Voces por el apruebo” como un insumo trascendental para las futuras discusiones constituyentes, conversatorios que resumen las diversas miradas y demandas del sector de las comunicaciones de Chile respecto de la actual institucionalidad mediática.

Puedes ver y compartir estos espacios de debate de forma completa en el fanpage de Facebook del Bloque  por el Derecho a la Comunicación, como también en su canal de Youtube.

Liberan formulario para denunciar y registrar situaciones de censura

La fundación Datos Protegidos y Testigo en Línea monitorearán información relacionada al 18 de octubre y próximo Plebiscito Electoral.

La fundación Datos Protegidos en conjunto con Testigo en Línea pusieron a disposición un formulario para registrar y documentar situaciones de censura de contenidos, bloque de cuentas y cualquier otro hecho que implique y comprometa la libre circulación de contenidos en las plataformas, a partir de la aplicación de cualquiera de las llamadas normas o políticas de moderación de contenidos, en especial para registrar lo que sucede en fechas relevantes como el primer aniversario de la revuelta social, y las votaciones en el Plebiscito Electoral del próximo domingo 25 de octubre.

Esta iniciativa es un acción que sigue la misma línea de trabajó que anteriormente la fundación Datos Protegidos realizó junto al Observatorio del Derecho a la Comunicación, quienes levantaron un informe relacionado a la violación de la libertad de expresión desde el 18 de octubre de 2019, denominado Informe sobre vulneraciones a la libertad de expresión en el contexto de las movilizaciones y protesta

El formulario de registro está disponible en el link
https://es.surveymonkey.com/r/internetlibrechile
También se puede enviar un contacto al email hola@datosprotegidos.org


Opinión: Derecho a la comunicación, libertad de expresión y nueva Constitución

Qué es el Derecho a la Comunicación

Por: Observatorio del Derecho a la Comunicación, ODC.

La emergencia del derecho a la comunicación tiene algunas décadas de trayectoria, y ha tomado protagonismo en momentos de debate internacional respecto al estado de las comunicaciones. Entre los hitos destaca la discusión en los años 80 a raíz de la publicación por la UNESCO del Informe MacBride, «Voces múltiples, un solo mundo», o más recientemente, las propuestas de las organizaciones de la sociedad civil en la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información (CMSI) que se desarrolló entre 2003 y 2005.

Distintos autores han abordado la conceptualización del Derecho a la Comunicación (Sáez, 2015), si bien lo han hecho desde tres enfoques distintos. El comunicólogo Cees Hamelink (2003) lo considera como un concepto paraguas que contiene varios derechos: derechos de información, derechos culturales, derechos de protección, derechos colectivos y derechos de participación. Garantizar condiciones equitativas para todos los actores en el acceso y uso de Internet. Para la jurista Paula Saffon (2007) se trata de un derecho autónomo, que forma parte del contenido de la libertad de expresión, vinculado al desarrollo de la sociedad de la información, que garantiza a todas las personas no solo el acceso a la información, sino la posibilidad de producirla y convertirla en conocimiento, un enfoque similar al contenido en la Declaración de la Conferencia de San José de Costa Rica (UNESCO, 1974). En el ámbito de las políticas de comunicación se suele utilizar el término como un sinónimo de libertad de expresión (Loreti y Lozano, 2014). Como concepto no se incluye explícitamente en los tratados internacionales y, como acabamos de indicar, en la doctrina no se ha consolidado su significado, por lo que desde el punto de vista jurídico es un concepto jurídico indeterminado. Es decir, no posee una definición jurídica.

Algunas constituciones recientes incorporaron un enfoque desde el Derecho a la Comunicación. El texto de Bolivia, por ejemplo, opta por el reconocimiento expreso del Derecho a la Comunicación, pero sin definir su contenido o establecer garantías para su ejercicio, mientras las constituciones de Ecuador y México optan por establecer un amplio catálogo de derechos y obligaciones vinculados con las libertades expresivas.

El Derecho a la Comunicación como un conjunto de demandas

Lo anterior no imposibilita su uso coloquial en torno a la profundización del respeto a un derecho previamente reconocido, como es la libertad de expresión. En este sentido, han sido principalmente las organizaciones de la sociedad civil las que más se han referido al Derecho a la Comunicación para reclamar la democratización de la comunicación y denunciar situaciones como la discriminación a las radios comunitarias, la concentración de los medios de comunicación, la vulneración de los derechos de las audiencias, la brecha de acceso a la sociedad de la información, la precariedad del trabajo periodístico y su incidencia en la calidad de la información.

Desde esta perspectiva debemos entender el Derecho a la Comunicación no como un concepto jurídico que viene a sustituir a los existentes sino, más bien, como un conjunto de demandas por parte de los sectores que encuentran obstáculos para expresarse y comunicar y reclaman otra forma de abordar la comunicación. Las demandas se refieren a varias dimensiones: cómo se entienden algunos derechos, cómo se aplican derechos ya reconocidos, las deficiencias normativas o el rol del Estado para garantizar estos derechos.

Robustecer la libertad de expresión para garantizar el derecho a la comunicación

En países como Chile se ha desnaturalizado el sentido y alcance de la libertad de expresión. El marco normativo resulta deficiente y contradictorio, alternando enfoques extremadamente liberales con enfoques restrictivos y su aplicación es aún más deficiente. Ejemplos como la persecución penal de injurias, calumnias o el castigo con cárcel por la falta de autorización para radiodifusión, o en el ámbito de los medios de comunicación la exigencia de registro previo para difundir medios de comunicación, ausencia de medidas para garantizar el pluralismo en un ecosistema de medios concentrado. En Chile la libertad de expresión ha sido confundida con la protección de los derechos de propiedad y libertad de empresa de unos pocos.

Esta concepción de la libertad de expresión contrasta con el desarrollo que ha tenido este derecho en el ámbito internacional, tanto desde la teoría de los derechos fundamentales como en la doctrina desarrollada por los organismos de derechos humanos. En este sentido es relevante tomar los pronunciamientos tanto de la Comisión como de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (1985), que desde hace décadas han declarado la libertad de expresión como un derecho de doble dimensión, individual y colectiva, que que tiene por objeto fortalecer el funcionamiento de sistemas democráticos pluralistas y deliberativos (CIDH, 2010).

Si bien el derecho a la libertad de expresión en Chile ha sido maltratado, no debemos caer en el error de desechar este derecho y buscarnos otro. En este sentido, la reivindicación del Derecho a la Comunicación en Chile debe destinarse, también, a una reapropiación y ampliación de garantías para el ejercicio de la libertad de expresión, incorporando al derecho interno los mejores estándares internacionales tanto en materia de libertad de expresión como en otros derechos y libertades relacionadas (asociación, reunión, participación), con un enfoque desde los derechos humanos. Esto debe de ir acompañado de instituciones que protejan estos derechos y su disfrute por parte de todos y no sólo de unos pocos.

Consagración constitucional del derecho a la comunicación. Traducir las demandas en garantías jurídicas

La discusión de una Nueva Constitución para Chile abre la oportunidad de avanzar hacia la democratización de la comunicación. En este sentido cabe preguntarse si la sóla mención del Derecho a la Comunicación en el texto constitucional resulta suficiente para consagrar este derecho.

Como se ha indicado anteriormente la definición jurídica del Derecho a la Comunicación se encuentra abierta, en el constitucionalismo comparado no se ha concretado su contenido, y como concepto tampoco se incluye en los tratados internacionales. En consecuencia, la inclusión del término Derecho a la Comunicación, si no va acompañada de una definición o de medidas concretas, queda a la interpretación del órgano legislador y del Gobierno de turno.

Desde el Observatorio del Derecho a la Comunicación (ODC) consideramos que lo fundamental es enfocarnos en el contenido o finalidad del Derecho a la Comunicación, para que la nueva carta fundamental incorpore una serie de principios y garantías que se vinculan con nuestras demandas. En este sentido destacamos los siguientes aspectos constitucionales que consideramos claves para la consagración material del Derecho a la Comunicación:

1- Fortalecimiento del derecho a la libertad de expresión: (1) Reconocimiento de doble dimensión, individual y colectiva, de las libertades expresivas, incluir garantías para el pluralismo, el ejercicio del periodismo y la prohibición de la censura previa; (2) Establecer un sistema de límites similar al contenido en tratados internacionales (test tripartito); (3) Incorporar la dimensión social de los derechos de comunicación pública y el deber del Estado de fomentar estos derechos e impulsar medios públicos y comunitarios.

2- Fortalecimiento de otros derechos conectados: el derecho de reunión, la participación ciudadana, los derechos sindicales, la protección de la educación y la privacidad en el contexto digital, o la función social del derecho a la propiedad, por señalar los principales.

3. Cláusulas constitucionales estructurales: (1) Rol activo y no subsidiario del Estado: los poderes públicos no deben limitarse a no interferir en el ejercicio de estas libertades (acción negativa) sino que debe tener un rol activo en promover estos derechos (acción positiva); (2) Principio de igualdad: la constitución debe garantizar la igualdad material, no sólo la formal; (3) Reconocimiento de un Estado plurinacional para garantizar el respeto y reconocimiento del pluralismo y la diversidad.

REFERENCIAS

Corte IDH (1985): “La Colegiación Obligatoria de Periodistas” Opinión Consultiva 5-85.

Comisión IDH (2010): Marco jurídico interamericano del derecho a la libertad de expresión.

Hamelink, Cess (2003): El derecho a comunicarse.

Loreti, Damián y Lozano, Luis (2014): “El derecho a comunicar. Los conflictos entorno a la libertad de expresión en las sociedades contemporáneas”.

Sáez, Chiara (2015): Derecho a la Comunicación y Nueva Constitución.

Saffon, María Paula (2007): El Derecho a la Comunicación: un derecho emergente.

UNESCO (1976): Declaración de la Conferencia de San José de Costa Rica.