#NuevaConstitución: Anhelos y riesgos del proceso constituyente en Chile

omienza septiembre y Chile transita al descuarentenamiento. El espacio público vuelve a habitarse y el debate se politiza con la cuenta regresiva para el plebiscito. El 26 de agosto comenzó oficialmente el período de campaña por la aprobación o el rechazo al proceso constituyente y se proyecta la elección de constituyentes para abril de 2021. Las palabras y las formas pasan a ser claves para un proceso histórico pleno de anhelos, pero no exento de riesgos.

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#MediosNoSexistas y Derecho a la Comunicación: Un desafío para el pluralismo en Chile

“Las movilizaciones feministas y su capacidad de posicionarse en la agenda pública han empujado un cambio social del cual los medios de comunicación no pueden excluirse”, dice la periodista Rocío Alorda. Este artículo es parte de su presentación en el II Encuentro de Mujeres y Comunicación organizado por la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Central el miércoles 14 de noviembre de 2018.

En marzo de este año, el Colegio de Periodistas de Chile a través de su Comisión de Género lanzó la campaña #MediosNoSexistas”, un llamado de atención a periodistas y medios de comunicación para revisar prácticas machistas instaladas no solo en las salas de prensa sino que también en los imaginarios de las y los profesionales de las comunicaciones. Durante meses, se generaron contenidos para  profundizar la reflexión sobre la necesidad que las mujeres participen en los medios como sujetos informativos y fuentes noticiosas, se develó la situación laboral en las que se trabajan y se visibilizó, a través de un seminario en la Universidad Católica, aquellas experiencias transformadoras que han llevado a cabo mujeres en los medios.

Anticipándonos a lo que sería la Ola Feminista – esa marea violeta que nos sumergió en la posibilidad de ver en Chile cambios radicales gracias al feminismo- las periodistas habíamos iniciado un proceso transformador, consiente, colectivo e imparable de cuestionamiento al orden patriarcal. ¿Por qué es importante decir que Chile necesita avanzar hacia un modelo de medios sin sexismo? Porque como señala la Guía de definiciones y prácticas periodísticas realizada por el Observatorio Género y Equidad“los medios de comunicación desempeñan un papel fundamental en la conformación de representaciones sociales, políticas y culturales (ya que) transmiten a la ciudadanía valores y estereotipos que influyen en actitudes y comportamientos que acaban asentándose poderosamente en el imaginario de las personas”.

Sin embargo, paralelamente a la necesidad de pensar sobre cómo avanzar en un proceso de despatriarcalización de los medios de comunicación y del ejercicio del periodismo, es importante analizar el sistema medial chileno y la necesidad de incluir en primer lugar, un principio básico como el derecho a la comunicación en un sistema que considere la presencia de tres sectores mediales – públicos, privados y comunitarios- así como la total representación de los diversos sujetos informativos.

Sabemos que el derecho a la información media el ejercicio de otros derechos, individuales y colectivos. La libertad de expresión tiene como correlatos la libertad de opinión, la libertad de prensa; el acceso a información vía fuentes diversas, la participación en los medios de comunicación y la posibilidad de difundir informaciones sin censura previa. “Tematizar sobre asuntos que son de interés público le otorga a la libertad de expresión su carácter de derecho colectivo. La producción de información se transforma en una herramienta de control social, de contrapoder. Por lo tanto, acceder a información diversa y veraz; contribuye a que las personas participen del debate público y del quehacer político promoviendo y garantizando una mejor democracia.

¿De qué manera se asegura en Chile la diversidad informativa y el pluralismo cuando existe una subrepresentación de los actores sociales – como las mujeres?¿Se le puede exigir a los medios de comunicación la representación de la ciudadanía? Como señala Martín Barbero “es lo propio de la ciudadanía hoy estar asociada al «reconocimiento recíproco», esto es, al derecho a informar y ser informado, a hablar y ser escuchado, imprescindible para poder participar en las decisiones que conciernen a la colectividad.Una de las formas hoy más flagrantes de exclusión ciudadana se sitúa justamente ahí, en la desposesión del derecho a ser visto y oído, que equivale al de existir socialmente, tanto en el terreno individual como el colectivo, en el de las mayorías como de las minorías.

El año 2016, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizó una visita oficial a Chile, para evaluar la situación del derecho a la libertad de expresión, donde recomendó al Estado chileno la “adopción de una serie de medidas dirigidas a consolidar un marco jurídico e institucional orientado a garantizar efectivamente el pleno ejercicio del derecho a la libertad de expresión en el país”. Dentro de los factores que limitan la libertad de expresión en Chile son las características del sistema medial donde la concentración de la propiedad de los medios no garantiza los derechos de este tipo.

El año 2016, el Colegio de Periodistas de Chile, realizó una sistematización de informes sobre concentración de la propiedad mediática, que mostró que Chile es uno de los países con mayor concentración de estructuras monopólicas u oligopólicas privadas, que atentan contra el pluralismo y la representatividad de todos los sectores sociales y reduce a una sola mirada las múltiples fuentes de información disponibles. La concentración de la propiedad de los medios, además de ser una materia de índole económica es también política, porque influye en mantener y modelar una ideología que asocia determinadas imágenes estructuradas, que son aceptadas por la mayoría y que representan los intereses de quienes concentran el poder económico.

Para modificar estructuralmente este panorama es vital consagrar el Derecho a la Comunicación en la Constitución Política, un derecho que no es solo de quienes trabajan en el ámbito de las comunicaciones, sino que un derecho que debe ser ejercido por las y los ciudadanos. ¿Qué es el derecho a la comunicación? Un principio que deriva del derecho universal a la libertad de expresión, en sus aspectos de acceso y participación, reconociendo que son los Estados los que tienen la potestad para la formulación de políticas y planes nacionales en materia de comunicación social, reconociendo las pecularialidades de cada nación. Es decir, los Estados deben garantizar el derecho a la comunicación, a través de políticas públicas que lo aseguren colectivamente, a las personas y a su sociedad, y no solamente a los dueños de los grandes medios de comunicación.

Así mismo, en un contexto tan desigual es clave la existencia de una institucionalidad para las comunicaciones – que puede ser una ley de medios, un tema que hoy está siendo discutido en el Colegio de Periodistas de Chile- que debe ser una norma jurídica que regule la concentración de la propiedad de los medios de comunicación, que reconozca tres sectores a saber público, privado y comunitario, que puedan  garantizar la pluralidad de voces  en los medios de comunicación. Conforme al derecho internacional, los Estados poseen la obligación de promover la diversidad de los medios de comunicación y abarca la obligación de evitar la concentración indebida de la propiedad de los medios. Se trata, entonces, de contar con medios de comunicación libres, independientes y plurales que permitan acceder a la mayor y más diversa información que estén estipulados en un marco legal que regule la propiedad medial y garantice el pluralismo.

Nos preocupa TVN: Carta abierta a su directorio

En medio de una pandemia sanitaria que a la fecha deja casi 16 mil fallecidos, la pérdida de al menos un millón 800 mil puestos de trabajo y más de 700 mil personas adscritas a la Ley de Protección del Empleo, con una tasa de cesantía del 13,1%, el próximo 25 de octubre nuestro país debe definir si aprueba o rechaza la redacción de una nueva Constitución y la forma en que esta se elaborará. 
En este contexto nos preocupa la forma en que TVN, la televisión pública, está enfrentando un proceso constituyente que nace de un acuerdo institucional entre casi todas las fuerzas políticas, luego de un mes de multitudinarias manifestaciones y graves atropellos y violaciones a los derechos humanos.
Nos preocupa TVN
En medio de esta pandemia sanitaria da la impresión que algunos medios olvidaron que las manifestaciones de octubre de 2019 fueron la consecuencia de una lenta pero permanente progresión de la pérdida de confianza de la ciudadanía, el pueblo, en sus autoridades e instituciones; entre ellos, los propios medios. La tele miente decía y aún dice la consigna.
Somos un país con la propiedad de medios más concentrada de América Latina, un país en el que los periodistas somos percibidos como parte de una clase política no representativa, un país en el que la televisión sigue siendo la fuente de noticias tradicional más importante. También somos un país en el que el 2019, por primera vez, las redes sociales superaron a la televisión como fuente de noticias.
Puede no ser el minuto para analizar en qué momento la televisión pública perdió su audiencia. Quizá fue cuando pensó primero en los auspiciadores y después en la gente, y por eso perdió primero al público y después los auspicios. O quizá cuando abandonó su misión, definida en su página web como “Reflejar a Chile en toda su diversidad, contribuir a fortalecer su identidad nacional, y conectar a los chilenos en todo momento y lugar”.
Nos preocupa TVN porque más allá de las groseras reducciones de personal y de las millonarias pérdidas, nos preguntamos dónde están los valores que la televisión pública define como pilares de su organización: “Promoción de la identidad nacional; Promoción del valor del pluralismo, la democracia, la paz y la información objetiva; Estímulo de la protección del medio ambiente; Respeto a la dignidad de las personas; Protección de la familia y búsqueda de su estabilidad; Estímulo a la vida sana, formación, desarrollo y creatividad de niños y jóvenes”.
Nos preocupa que el canal de todos los chilenos, pionero en cobertura nacional, en transmisión a color con sonido estéreo, en transmisión vía satélite, en alta definición, no esté cumpliendo lo que la Ley le manda: “velar por la efectiva realización de su misión pública, que incluye promover y difundir los valores democráticos, los derechos humanos, la cultura, la educación, la participación ciudadana, la identidad nacional y las identidades regionales o locales, la multiculturalidad, el respeto y cuidado del medio ambiente, la tolerancia y la diversidad”.
Nos preocupa TVN porque sigue creyendo, con suerte, que el país comienza en Valparaíso y termina en Concepción; porque no ha sido capaz de mirar a Chile en toda su diversidad, toda su heterogeneidad; no ha podido o no ha querido generar una programación abierta a nuevos temas, con pluralismo no sólo político, sino cultural, étnico, social, económico, regional.
Nos preocupa TVN porque hasta el momento en su pantalla no se ven representadas las organizaciones sociales, los sindicatos, los colegios profesionales; en definitiva, la sociedad civil que fue la impulsora del proceso al que nos enfrentamos y que tiene como fin redactar, nada más ni nada menos, que una nueva Constitución.
Consejo Nacional
Comisión de TV Pública-Colegio de Periodistas de Chile

Libertad de comunicación, un derecho no consagrado en la actual Constitución.

Hay un tema muy presente en el Chile de hoy, me refiero al Derecho a la comunicación, el derecho de los seres humanos a comunicarse, acceso a los medios y participación en ellos. Porque Chile está en un complejo problema, ¿cómo frenar la concentración de la propiedad de los medios?. ¿El pueblo ha podido ver la concentración de las farmacias cierto?. Cada día menos dueños con lo que han destruido a las farmacias pequeñas. Bueno, con los medios ocurre exactamente lo mismo. Y ¿qué pasará con los medios comunitarios, locales?. ¿Qué vinculo tiene este tema con el proceso constituyente, con una nueva constitución?. ¡Acompáñenos! Juan Enrique, Kike Ortega, periodista, integrante de ONG ECO, académico de la Universidad de Chile, coordinador de Radio Juan Gómez Millas.
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Nueva Constitución: Nace bloque por el derecho a la comunicación

En el marco del proceso constituyente, diversas organizaciones, medios de comunicación, entre las que se encuentra Radio Universidad de Chile y redes, han confluido para crear el “Bloque por el Derecho a la Comunicación”, derecho que debe estar consagrado en la nueva Constitución como principio fundamental de una sociedad democrática.

Organizaciones de la sociedad civil vinculadas a las comunicaciones constituyeron una articulación para promover que el Derecho a la Comunicación se consagre en la nueva carta fundamental.

 

«Esto comprende el derecho de todas las personas no solo a buscar y recibir información plural, sino también a difundirla por cualquier medio de expresión sin discriminaciones ni sujeción a limitaciones económicas, ideológicas o culturales», señala en un comunicado la organización integrada por el Colegio de Periodistas de Chile, la Red de Periodistas Feministas, Fundación Datos Protegidos, Programa de Libertad de Expresión del Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile, Mujeres en el Medio, Diario El Siglo, El Desconcierto, Página 19,  Radio Universidad de Chile, Comité por la Defensa de la Televisión Pública, Radio Juan Gómez Milla de las Escuela de Periodismo Universidad de Chile, ONG ECO: Educación y Comunicaciones, UPLA TV (Canal Universitario de la Universidad de Playa Ancha), Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Playa Ancha, Observatorio del Derecho a la Comunicación, Red de Periodista Migrantes y la fotógrafa Nicole Kramm.

«Para nuestra articulación, el derecho a la comunicación debe consagrarse como un derecho inalienable e inherente a todas las personas y como requisito básico para su desarrollo debe ser garantizado y fomentado por el Estado a través de la Constitución y de un nuevo sistema medial, regulado por una ley de medios que permita profundizar su pluralidad», consignan en el escrito.

Además, establecen que «en Chile persisten normativas y prácticas que suponen restricciones indebidas del goce y ejercicio efectivo del derecho a la libertad de expresión y el derecho de acceso a la información en el país, muchas de las cuales pueden entenderse como herencias de las doctrinas autoritarias del pasado y del proceso de transición a la democracia, cuya permanencia ha perdido sentido en el actual desarrollo democrático».

Por último, informan que el país posee «una de las tasas más altas de concentración de la propiedad de los medios de comunicación, con un 80% solo en la prensa escrita. Las empresas El Mercurio SAP y el Consorcio Periodístico de Chile, COPESA, concentran un 82% de lectoría y más del 84% de la publicidad en el sector. Este virtual duopolio entre El Mercurio y COPESA se extiende también a la prensa regional, donde tienen un fuerte control».

Es por estas razones que desde la articulación demandan una ley de medios que regule la concentración de propiedad en los medios; garantizar el derecho a internet como un Derecho Humano; una televisión pública, educativa y cultural; medios de comunicación no sexistas y con pertinencia cultural para pueblos originarios; y la independencia y pluralidad de los organismos que regulan el sector, entre otras.