#MediosNoSexistas y Derecho a la Comunicación: Un desafío para el pluralismo en Chile

“Las movilizaciones feministas y su capacidad de posicionarse en la agenda pública han empujado un cambio social del cual los medios de comunicación no pueden excluirse”, dice la periodista Rocío Alorda. Este artículo es parte de su presentación en el II Encuentro de Mujeres y Comunicación organizado por la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Central el miércoles 14 de noviembre de 2018.

En marzo de este año, el Colegio de Periodistas de Chile a través de su Comisión de Género lanzó la campaña #MediosNoSexistas”, un llamado de atención a periodistas y medios de comunicación para revisar prácticas machistas instaladas no solo en las salas de prensa sino que también en los imaginarios de las y los profesionales de las comunicaciones. Durante meses, se generaron contenidos para  profundizar la reflexión sobre la necesidad que las mujeres participen en los medios como sujetos informativos y fuentes noticiosas, se develó la situación laboral en las que se trabajan y se visibilizó, a través de un seminario en la Universidad Católica, aquellas experiencias transformadoras que han llevado a cabo mujeres en los medios.

Anticipándonos a lo que sería la Ola Feminista – esa marea violeta que nos sumergió en la posibilidad de ver en Chile cambios radicales gracias al feminismo- las periodistas habíamos iniciado un proceso transformador, consiente, colectivo e imparable de cuestionamiento al orden patriarcal. ¿Por qué es importante decir que Chile necesita avanzar hacia un modelo de medios sin sexismo? Porque como señala la Guía de definiciones y prácticas periodísticas realizada por el Observatorio Género y Equidad“los medios de comunicación desempeñan un papel fundamental en la conformación de representaciones sociales, políticas y culturales (ya que) transmiten a la ciudadanía valores y estereotipos que influyen en actitudes y comportamientos que acaban asentándose poderosamente en el imaginario de las personas”.

Sin embargo, paralelamente a la necesidad de pensar sobre cómo avanzar en un proceso de despatriarcalización de los medios de comunicación y del ejercicio del periodismo, es importante analizar el sistema medial chileno y la necesidad de incluir en primer lugar, un principio básico como el derecho a la comunicación en un sistema que considere la presencia de tres sectores mediales – públicos, privados y comunitarios- así como la total representación de los diversos sujetos informativos.

Sabemos que el derecho a la información media el ejercicio de otros derechos, individuales y colectivos. La libertad de expresión tiene como correlatos la libertad de opinión, la libertad de prensa; el acceso a información vía fuentes diversas, la participación en los medios de comunicación y la posibilidad de difundir informaciones sin censura previa. “Tematizar sobre asuntos que son de interés público le otorga a la libertad de expresión su carácter de derecho colectivo. La producción de información se transforma en una herramienta de control social, de contrapoder. Por lo tanto, acceder a información diversa y veraz; contribuye a que las personas participen del debate público y del quehacer político promoviendo y garantizando una mejor democracia.

¿De qué manera se asegura en Chile la diversidad informativa y el pluralismo cuando existe una subrepresentación de los actores sociales – como las mujeres?¿Se le puede exigir a los medios de comunicación la representación de la ciudadanía? Como señala Martín Barbero “es lo propio de la ciudadanía hoy estar asociada al «reconocimiento recíproco», esto es, al derecho a informar y ser informado, a hablar y ser escuchado, imprescindible para poder participar en las decisiones que conciernen a la colectividad.Una de las formas hoy más flagrantes de exclusión ciudadana se sitúa justamente ahí, en la desposesión del derecho a ser visto y oído, que equivale al de existir socialmente, tanto en el terreno individual como el colectivo, en el de las mayorías como de las minorías.

El año 2016, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizó una visita oficial a Chile, para evaluar la situación del derecho a la libertad de expresión, donde recomendó al Estado chileno la “adopción de una serie de medidas dirigidas a consolidar un marco jurídico e institucional orientado a garantizar efectivamente el pleno ejercicio del derecho a la libertad de expresión en el país”. Dentro de los factores que limitan la libertad de expresión en Chile son las características del sistema medial donde la concentración de la propiedad de los medios no garantiza los derechos de este tipo.

El año 2016, el Colegio de Periodistas de Chile, realizó una sistematización de informes sobre concentración de la propiedad mediática, que mostró que Chile es uno de los países con mayor concentración de estructuras monopólicas u oligopólicas privadas, que atentan contra el pluralismo y la representatividad de todos los sectores sociales y reduce a una sola mirada las múltiples fuentes de información disponibles. La concentración de la propiedad de los medios, además de ser una materia de índole económica es también política, porque influye en mantener y modelar una ideología que asocia determinadas imágenes estructuradas, que son aceptadas por la mayoría y que representan los intereses de quienes concentran el poder económico.

Para modificar estructuralmente este panorama es vital consagrar el Derecho a la Comunicación en la Constitución Política, un derecho que no es solo de quienes trabajan en el ámbito de las comunicaciones, sino que un derecho que debe ser ejercido por las y los ciudadanos. ¿Qué es el derecho a la comunicación? Un principio que deriva del derecho universal a la libertad de expresión, en sus aspectos de acceso y participación, reconociendo que son los Estados los que tienen la potestad para la formulación de políticas y planes nacionales en materia de comunicación social, reconociendo las pecularialidades de cada nación. Es decir, los Estados deben garantizar el derecho a la comunicación, a través de políticas públicas que lo aseguren colectivamente, a las personas y a su sociedad, y no solamente a los dueños de los grandes medios de comunicación.

Así mismo, en un contexto tan desigual es clave la existencia de una institucionalidad para las comunicaciones – que puede ser una ley de medios, un tema que hoy está siendo discutido en el Colegio de Periodistas de Chile- que debe ser una norma jurídica que regule la concentración de la propiedad de los medios de comunicación, que reconozca tres sectores a saber público, privado y comunitario, que puedan  garantizar la pluralidad de voces  en los medios de comunicación. Conforme al derecho internacional, los Estados poseen la obligación de promover la diversidad de los medios de comunicación y abarca la obligación de evitar la concentración indebida de la propiedad de los medios. Se trata, entonces, de contar con medios de comunicación libres, independientes y plurales que permitan acceder a la mayor y más diversa información que estén estipulados en un marco legal que regule la propiedad medial y garantice el pluralismo.

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